Organizando el Leviatán

En los últimos años, de la mano de reputados investigadores procedentes de universidades de diversos países, hemos adquirido conciencia de la relevancia del entorno institucional para la vida pública. Hace poco más de veinte años Rafael La Porta (argentino), Florencio López de Silanes (mexicano), Andrei Shleifer (ruso) y Robert Vishny (indio) inauguraron el denominado enfoque jurídico financiero que ha contribuido grandemente a mejorar el entorno financiero de los países y la gestión de sus empresas. Posteriormente, Daron Acemoglu (turco) y James Robinson (británico) aplicaron el enfoque institucional al desarrollo económico de los países en su célebre obra “Por qué fracasan los países”.

El libro de Carl Dahlstrom (catedrático en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo) y Víctor Lapuente (oscense doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, y actual catedrático en la Universidad de Gotemburgo y profesor visitante en ESADE) constituye un complemento y un contrapunto a las obras anteriores. Si hasta ahora se atribuía a las instituciones políticas de un país la mayor parte de la responsabilidad de su desarrollo, Dahlstrom y Lapuente desvían el foco hacia la Administración de ese país, un factor muchas veces ignorado o minusvalorado. Es evidente que algunos países son menos corruptos que otros y existe incontestable evidencia internacional al respecto. En opinión de estos autores los motivos de la mayor o menor corrupción no se encuentran únicamente en el entorno político, sino que una buena Administración constituye un elemento clave para acotar este poder político y, por consiguiente, el peligro de corrupción.

La idea vertebral del libro es sencilla: los grupos (como partidos políticos o cuerpos de funcionarios) con distintos objetivos se vigilan mutuamente cuando deben colaborar, lo que les aleja de tentaciones egoístas o los acerca al bien común. Los países donde los funcionarios de las burocracias públicas son reclutados por sus méritos funcionan mejor que aquellos donde los empleados públicos deben sus puestos a conexiones políticas. No se trata únicamente de crear un cuerpo de funcionarios cerrado y meritocrático. Posiblemente esos sean pasos en la buena dirección pero se requiere igualmente una clara separación entre el ámbito de decisión de los políticos y de los funcionarios, con carreras paralelas que obedezcan a distintos incentivos y criterios de evaluación. Unas carreras separadas garantizan una vigilancia efectiva de los políticos por los funcionarios, evitan la corrupción y otras actividades ilegales, y mejoran la eficacia del gobierno.

Como es habitual en los libros divulgativos publicados recientemente por investigadores en ciencias sociales, los autores combinan equilibradamente la fundamentación teórica con un desarrollo empírico basado en datos y estadísticas de fuentes fiables. A partir de esos análisis estadísticos se observa que aquellos países en los que las carreras de políticos y funcionarios están más separadas (Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda, etc.) no solo son menos corruptos, sino que en ellos los recursos públicos se administran con más eficiencia y son más propensos a introducir reformas para mejorar el funcionamiento público del país. En definitiva, estamos ante una lectura amena, altamente ilustrativa y que puede explicar por qué España -entre otros países- proyecta en el exterior una imagen de corrupción y en donde existe un margen tan amplio para mejorar la eficiencia y dinamismo del sector público.